Los hechos

El asesinato de los abogados de Atocha (1977), fue el colofón de una semana trágica que comenzó con la muerte, a manos de pistoleros fascistas, del estudiante Arturo Ruiz. Latente la legalización del Partido Comunista de España (PCE), los grupos de extrema derecha que se oponían a lo que adivinaban inevitable entraron en una época de hiperactividad.

Enero de 1977 fue una fecha clave en la transición política a la democracia. Con una policía que no había sido depurada y en la que campaban protagonistas de la represión franquista Adolfo Suárez, como presidente del Gobierno, y Rodolfo Martín Villa, al frente del Ministerio del Interior, se enfrentaron a un rosario de muertes que pusieron en peligro la reforma política.

A las 16.20 del día 24 moría la joven estudiante Mari Luz Nájera, como consecuencia del impacto, en pleno rostro, de un bote de humo lanzado por los antidisturbios durante una manifestación de protesta por la muerte de Arturo Ruiz celebrada esa mañana.

Por la noche, a las 22.30, tres individuos armados penetraron en el portal número 55 de la calle Atocha y se ocultaron un poco más arriba de la planta tercera, donde había un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CCOO). La mayoría de sus miembros pertenecían al PCE.

El día anterior había finalizado una huelga en el ramo del transporte privado de viajeros que había tenido gran repercusión en Madrid y en la que había desempeñado un papel importante Joaquín Navarro Fernández, de CCOO, que aquella noche tenía una reunión con un numeroso grupo de trabajadores en el citado despacho laboralista. Cuando creyeron llegado su momento, a las 22.45, los tres hombres agazapados descendieron y tocaron el timbre. Salió a abrir uno de los jóvenes abogados, Javier Benavides Orgaz.

Rápidamente penetraron en el piso dos de los pistoleros: uno empuñaba una Browning 9 mm Parabellum, y el más joven una Star de 9 mm, modelo Super. Empujaron a Benavides hacia el interior, hasta uno de los salones, donde se encontraban otros abogados. "Todos al rincón, las manitas bien arriba", dijo el pistolero de más edad. El abogado Valdevira, que estaba fumando, pidió permiso para apagar el cigarrillo, que atornilló en el cenicero antes de incorporarse al grupo con las manos en alto. Mientras tanto, el otro pistolero recorría las habitaciones; comprobaba que no había más gente en el piso, arrancaba los teléfonos que encontraba y destruía archivos.

Había nueve personas amenazadas, ocho abogados y un auxiliar de despacho, en el salón. Muy juntas. El hombre de la Browning preguntó: "¿Dónde está Navarro?"; "¿Navarro? No sabemos quién es", le respondieron. "Seguro que está aquí", insistió. "Pues búscalo", le contestó con valentía, y cierta exasperación, Francisco Javier Sauquillo, uno de los abogados.

De repente se desencadenó el infierno. Sin que nadie pudiera preverlo empezaron a ladrar las pistolas. La ceremonia de la matanza fue rápida e implacable. Los tiros sonaban secos, espaciados, uno detrás de otro, pero tantos que al principio se creyó que se estaban utilizando metralletas. El fuego cruzado pilló de espaldas a la mayoría del grupo. El proyectil que mató a Sauquillo le entró, por detrás, en la base del cráneo, mientras estaba de pie; el que acabó con Javier Benavides le entró por la espalda y salió por el pecho. El auxiliar Ángel Rodríguez Leal, que también resultó muerto, recibió un tiro en el centro de la nuca –con salida estrellada, lo que le provocó la rotura de la nariz–. Enrique Valdevira recibió tres impactos: uno en la rodilla derecha, otro en la nariz y un tercero que le entró por detrás y le rompió el corazón. Serafín Holgado recibió dos balazos: uno en el muslo izquierdo y otro en la cabeza, que le entró por la parte posterior. Los asesinos disparaban a algo más de medio metro de distancia. De aquel intenso tiroteo –disparaban serena, fríamente; de forma metódica, como si lo tuvieran ensayado– escaparon gravemente heridos otros cuatro.

Alejandro Ruiz Huerta, uno de los supervivientes de la matanza, tiene la impresión de que todo fue muy rápido. Cuando entraron estaba sentado en un banco, de espaldas a la puerta. Vio en las caras de sus compañeros que algo extraño pasaba. Le obligaron a ponerse de pie. Cayó al suelo por un impacto de bala que le alcanzó el pecho. Sobre su cuerpo se derrumbó Enrique Valdevira. El proyectil que le dio se desvió al chocar con un bolígrafo de acero que llevaba prendido en la camisa, lo que le salvó la vida.

La esposa de Javier Sauquillo, María Dolores González Ruiz, de treinta años, se tumbó en uno de los bancos y se tapó el cuerpo con una trenka cuando empezaron los tiros. No recibió ningún impacto hasta el final. Pudo apreciar la frialdad con que disparaba el hombre de la Browning. Luego un tiro le entró en la boca.

El tercero de los supervivientes, Miguer Sarabia Gil, vio a Valdevira apagar el cigarrillo en los últimos momentos de su vida. Al desatarse la lluvia de disparos trató de huir por una puerta que tenía tras de sí y que daba a un pasillo. Giró sobre sí mismo para escapar, pero recibió un impacto en el vientre. Se dobló, y permaneció agachado con las manos apretadas para contener la hemorragia. El cuarto, Luis Ramos Pardo, sintió un balazo en un brazo y se dejó caer como muerto al suelo. Eso le salvó la vida. Al darse cuenta de que se habían ido trató de levantarse, pero entonces se dio cuenta de que no podía porque también estaba herido en las piernas. Vio a Sarabia telefonear: hablaba con su mujer para darle cuenta del horror de lo que había pasado. Acto seguido, éste se dirigió a la ventana a pedir auxilio.

Los vecinos avisaron a la policía. En pocos minutos la calle se llenó de coches con luces de destello y ambulancias. Los primeros que entraron en el despacho se encontraron una escena espantosa: sangre por todas partes y cuerpos destrozados. Tres de las víctimas habían muerto en el acto; otras dos fallecieron poco después. Los heridos fueron transportados a centros médicos.

La noticia de la matanza de Atocha cayó como un mazazo. Era un periodo de sangre en la transición política, pero a pesar del goteo de muertes nadie estaba preparado para la enormidad de esta acción, que conmocionó a la clase política y a todo el país. Era un salvaje y brutal atentado. Numerosos dirigentes y miembros significados del sindicato CCOO y del PCE dejaban sus casas, ante la posibilidad de que se tratara de una cadena de acciones violentas.

La tensión subió al límite. Nadie estaba seguro de qué podía pasar en las horas siguientes. No obstante, los cuadros del PCE lograron reaccionar con serenidad e impedir que se multiplicase la violencia. Eso le habría hecho el juego a los terroristas. Las horas siguientes fueron claves para la reforma política. Las negociaciones con el Gobierno acordaron un entierro multitudinario pero sereno en el que no tuvieran lugar nuevos incidentes. Fue una lección de grandes hombres que se hicieron en pocas horas con una situación explosiva.

Paralelamente se puso en marcha una operación policial, encomendada a los agentes más profesionales y alejados de connivencia con grupos ultraderechistas. Al frente estaba Francisco de Asís Pastor, que tiempo después sería jefe superior de la policía de Madrid. Pastor relacionó desde el principio la muerte de los abogados laboralistas con la huelga de transporte.

Los criminales buscaban a Joaquín Navarro, que era el "enemigo número uno" del decadente sindicato vertical. Por eso los agentes empezaron sus investigaciones en torno a éste. Pasaron dos meses de continuas vigilancias y esperas. Contaban con una pista significativa: "Uno de los asesinos tenía los ojos azules, como Paul Newman". Fue algo en lo que coincidieron los supervivientes.

Los policías buscaban en el bar Denver, en la esquina de San Bernardino –cerca de la sede del sindicato, que estaba en Cristino Martos, 4–, y en otros locales de la zona a un asesino con los ojos de Paul Newman. Hasta que lo encontraron. Un día apareció José Fernández Cerrá –31 años, vendedor, separado– con un maletín; al abrirlo dejó ver un ejemplar de la revista "ultra" Fuerza Nueva. Los agentes se fijaron en sus ojos, que eran como los de Newman.

No le detuvieron enseguida, sino que le siguieron hasta localizar a sus compinches, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada; a su novia, Gloria Herguedas; al que les proporcionó las armas, Leocadio Jiménez Caravaca, y al presunto instigador, Francisco Albaladejo Corredera, secretario del Sindicato Provincial de Transportes.

Pero siempre ha pesado la sospecha de que la trama de criminales no se detenía en ese eslabón. Leocadio y Gloria Herguedas fueron condenados sólo por tenencia ilícita de armas. Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, asesinos materiales, fueron condenados a 139 años de cárcel cada uno, y Albaladejo a 73 años. Fernando Lerdo escapó durante un polémico permiso judicial.

Los hechos en breve

De las informaciones periodísticas sobre el caso Atocha, merece destacarse lo siguiente:

— La masacre se produce el 24 de enero de 1977. Un día antes, la extrema derecha había asesinado al estudiante Arturo Ruiz. El mismo día 24 es secuestrado por el GRAPO el genera Villaescusa.

— A las nueve de la noche, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada se reunieron en la cafetería Nilo. Los tres iban armados. Su intención era. dirigirse al bufete laboralista de Atocha, 55, donde pensaban encontrar al dirigente de Comisiones Obreras del transporte Joaquín Navarro. Según manifiestan le quieren dar “un susto”.

— Los tres suben hasta el piso donde está el despacho. Al ver que aún queda mucha gente, deciden subir al ático y esperar que se vayan algunas personas.

— Hacia las once de la noche consideran que ya es hora de actuar, llaman a la puerta y, tras encañonar a la persona que sale a abrir, encuentran dentro a ocho abogados y un administrativo. A los pocos minutos abandonan el piso. Dejan cinco muertos y cuatro heridos, tres de ellos muy graves.

— Cuando salen de nuevo a la calle los tres citados, caminan hacia la plaza de España. Sólo Lerdo de Tejada estaba algo nervioso, y Fernández Cerrá hubo de darle un abrazo para animarle. Lerdo de Tejada había quedado en la puerta del bufete vigilando y esperando a sus compañeros.

— Los tres vuelven a sus ocupaciones y la Policía no detiene a nadie hasta el mes de marzo, aunque a principio de febrero uno de los supervivientes ya había identificado a Fernández Cerrá.

— En los primeros días de marzo ocurre un hecho insólito: de repente, los implicados se alarman y tratan de salir de Madrid. Fernández Cerrá, primero, y García Juliá y Gloria Herguedas, después, se marchan a Almería. Lerdo de Tejada marcha a la Manga del Mar Menor (Murcia). Allí serán detenidos.

— El 15 de marzo de 1977, la Policía da una rueda de prensa para hacer públicos los nombres de los detenidos y las circunstancias del crimen.

— El caso es encargado al ex juez de Orden Público señor Gómez Chaparro, que será relevado del caso el 26 de abril de 1979, tras la fuga de Lerdo de Tejada, al que dicho juez había concedido un permiso "especial" de Semana Santa. Dos semanas más tarde, y a petición propia, el Juez Gómez Chaparro abandona la Audiencia Nacional y se incorpora a un Juzgado madrileño.

— El día 4 de junio de 1979, siendo ya juez instructor Alfonso Barcala Trillo, declaran los conocidos políticos de ultraderecha Sánchez Covisa y Blas Piñar. También debe hacerlo el policía Antonio González Pacheco, mas conocido por el apodo de "Billy el Niño".

Los Asesinos

Los abogados de la acusación privada en el "caso Atocha": De Izquierda a derecha, José Luis Núñez, Cristina Almeida, Jaime Sartorius, José María Mohedano y, sentado, Jaime Miralles.

Durante una semana, en jornadas con sesiones de mañana y tarde, cinco personajes de la extrema derecha española han estado sentados en el banquillo, acusados de haber preparado, ejecutado y en cubierto después, la matanza de Atocha, el suceso más trágico de todos los ocurridos en la que luego pasada a ser denominada "La semana del complot” (24-31 de enero de 1977).

 

 

 

 

 

-Los Asesinos

FRANCISCO ALBALADEJO CORREDERA: Cuarenta y tres años. Era secretario provincial del Sindicato del Transpone y su filiación política, aunque no concretada en la afiliación a un partido, es considerada como de ultraderecha. Fue detenido por la Policía como instigador de la matanza. Se considera que en él está el comienzo da la desconocida escala de responsables verdaderos, situados mucho más arriba.

Francisco Albadadejo, al que fiscal y la acusación particular presentan como el inductor de la masacre, aunque menos conocido, tiene los rasgos del típico personaje del sindicalismo vertical.

 

 

 

JOSÉ FERNÁNDEZ CERRÁ: De treinta y cuatro años de edad; trabajaba como vendedor antes de la matanza de Atocha. Había pertenecido a Fuerza Nueva, aunque, tras les hechos, este partido declaró haberte expulsado unos meses antes. Fue uno de los dos hombres —junto a García Juliá— que hizo materialmente los disparos sobre las víctimas. Cuando salió a la calle fue preguntado por Lerdo de Tejada por qué había procedido de esa manera, contestando que "no sabía lo que le había pasado". Según uno de los testigos que han declarado en el proceso, fue visto, tres horas antes de los hechos, en el despacho del secretario del Sindicato Provincial del Transporte, Francisco Albaladejo.

CARLOS GARCÍA JULIÁ: Veinticuatro años; era empleado administrativo. También vinculado a Fuerza Nueva; existen fotografías en las que se ve el joven portando la bandera del partido muy cerca de Blas Piñar. Es hijo de un comandante y sobrino de dos generales. Intentó ingresar en la Academia Militar de Zaragoza, sin conseguirlo. Hizo el servicio militar en el cuerpo de paracaidistas en el Sahara. El 21 de octubre pasado pretendió escapar de la prisión, cogiendo como rehén al propio director de la cárcel. La intentona duró doce horas y durante ellas hizo unas declaraciones a Radio Nacional en las que confesó que "estaba totalmente implicado en el caso Atocha por haber disparado sobre cuatro comunistas.

FERNANDO LERDO DE TEJADA: De veinticinco años de edad, era estudiante cuando tuvieron lugar los hechos. Quedó en la puerta del despacho para cubrir a García Juliá y Fernando Cerrá durante la masacre. Detenido en Murcia, fue internado en la prisión de Ciudad Real, de donde huyó, aprovechando un permiso especial de Semana Santa, cuando aún llevaba el caso el ex juez de Orden Público señor Gómez Chaparro. Fue entrevistado en Perpiñán por el periodista de "ABC" Alfredo Semprún. Ha sido juzgado en rebeldía. Según el periodista citado, su paradero actual más probable es Rhodesia.

 

Acusación particular: más allá de los hechos

La tesis de los abogados de la acusación particular desborda el grupo de los procesados y apunta a posibles complicidades políticas "que, con la finalidad de agravar la espiral de violencia que se había iniciado para atemorizar a la población y provocar la intervención de los estamentos armados del Estado, se ponen de acuerdo para realizar un atentado contra personas y entidades que consideraban implicadas en el proceso democrático que se iniciaba en España a primeros de 1977, al que se oponían resuelta y radicalmente todos los implicados en esta causa”.

LEOCADIO JIMÉNEZ CARAVACA: El hombre con un pasado más claramente delictivo del grupo, tiene sesenta años y fue procesado siete veces entre 1948 y 1969. Vivía de su pensión de mutilado, ya que recibió una herida en la cabeza durante La guerra. En un registro realizado en su casa por la Policía en 1975, le encontró un verdadero arsenal de armas. Fue acusado de golpear y amenazar a los sacerdotes de la parroquia de la Fuensanta y de colocar unas bombas en un centro juvenil. También fue reconocido como la persona que disparó sobre unos jóvenes, hiriendo a uno de ellos, en la estación de Metro de Oporto. Fue entregado a la Policía por arrojar bombas de humo en una reunión de la Asociación de Amistad Hispano-China del bario de Usera. Se le considera cómplice en la matanza y protagonista en lo que concierne al suministro de armas.

GLORIA HERGUEDAS HERRANDO: Compañera de Fernández Cerrá. Sorprendida en Almería junto a García Juliá y al propio Cerrá, fue detenida por encubrimiento y tenencia ilícita de armas, pero fue puesta en libertad provisional unos días más tarde, bajo fianza de 50.000 pesetas.

 

 

 

 

Otro implicado era Simón Fernández Palacios, ex combatiente de la División Azul y empleado en el Sindicato marileño del Transporte. Hubo un desmentido de Juan García Carrés ex presidente del Sindicato do Actividades Diversas, en el sentido de que hubiera sido él el que hubiera proporcionado un empleo a Fernández Palacios en el Transporte. García Carrés es hijo de García Ribes, presidente nacional del Sindicato del Transporte. Fernández Palacios falleció el 22 de enero del año pasado de una afección cardiaca. Se le consideraba también encubridor.


Según la acusación particular, la idea de que el atentado se ejecutara en el despacho laboralista de la calle de Atocha, 55, de Madrid partió de Francisco Albaladejo, "exacerbado por la huelga del transporte privado de viajeros que por aquellas fechas se producía en la capital". Precisamente, en el despacho laboralista de Atocha trabajaban los letrados que asesoraban e la comisión representativa do los trabajadores del transporte que dirigió las negociaciones con los empresarios, y de la que era miembro destacado Joaquín Navarro. El hecho de que los autores materiales del crimen —Fernández Cerrá y García Juliá— preguntaron por Joaquín Navarro cuando llamaron a la puerta del despacho es interpretado por la acusación particular como pretexto utilizado por aquéllos para que se les franqueara la entrada, ya que sabían por Albaladejo que Navarro frecuentaba el despacho de Atocha.

En síntesis, la acusación particular, que no ha dejado de subrayar que en el sumario se atisba la participación en los hechos de otras personas, cuya identidad no ha podido determinarse por las dificultades encontradas en la instrucción sumarial (tardanza en realizar pruebas fundamentales, lo que ha permitido que se borraran huellas y se dificultaran testimonios), resume así su posición: "La ideación del crimen, el concierto entre sus autores y la concreación del modo, momento y lugar en que había de ser ejecutado se llevaron a cabo en los locales del Sindicato Provincial de Trasportes de Madrid, con la inspiración directa y la coordinación de su secretario general, Albaladejo, aplicándose a la financiación y a la ocultación de sus autores fondos de dicho Sindicato, en cuantía que no ha podido concretarse exactamente”.

En conclusiones provisionales, la acusación particular también calificó de terrorismo, como el ministerio fiscal, la matanza de Atocha, pero en conclusiones definitivas cambia dicha calificación por la de asesinato, los abogados de la acusación particular han estimado, como resultado de la prueba testifical y de los informes médico-forenses (éstos han demostrado que las víctimas fueron tiroteadas estando de espaldas o con la cabeza vuelta hacia la pared), que debe aplicarse a la matanza de Atocha el principio del concurso real de los delitos del artículo 71 del Código Penal, según el cual, cuando un solo hecho constituya dos o más delitos, se impondrá la pena correspondiente al delito más grave en su grado máximo. Y la acusación particular estima que la matanza de Atocha es a la vez terrorismo y asesinato, siendo más grave este último delito. Ello hace que las penas solicitadas por los abogados de la acusación particular se disparen, pues cada uno de los procesados es autor directo, por inducción, por encubrimiento o por complicidad, de nuevo delitos de asesinatos, cinco de ellos consumados y cuatro frustrados.

Que ha pasado con los asesinos

¿Qué fue de los asesinos de Atocha? (noticia de EL Mundo 20 de enero de 2002)

Ya antes del comienzo de la vista, a Fernando Lerdo de Tejada, sobrino de una secretaria de Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva), le concedió el juez instructor un permiso de fin de semana. El reo desmintiendo la semántica de su primer apellido no se reincorporó a la cárcel de Ciudad Real aquel 17 de abril de 1979 y, hasta hoy, permanece perdido en la noche de los tiempos. La huida fue fácil: primero se escondió en La Manga, donde su hermano Luis tenía un negocio. Después partió hacia Francia en coche. Se sabe que en Perpignan le proporcionaron dinero, documentación falsa y un billete hacia Sudamérica. Presumiblemente, pasó varios años residiendo en Chile y, en la actualidad, fuentes cercanas a la familia lo sitúan en Brasil. Hoy podría haber regresado a España.Su delito prescribió en febrero de 1997.

Pero nadie ha sido capaz de dar cuenta de su paradero. Ni siquiera en El Toboso (Toledo), donde residen por temporadas su madre y sus hermanos. Al preguntar por él, muchos vecinos cuelgan el teléfono directamente. Otros responden con reservas: «Nunca más volvió aquí», afirma una amiga de la madre de Lerdo de Tejada que prefiere mantener el anonimato. «Si le preguntas por él, nunca dice dónde está. "Sabemos poco de él, pero bueno", es lo que me contesta siempre», añade. Su sobrino Francisco Javier Lerdo de Tejada, residente en Madrid, asegura no haber sabido de él desde entonces: «Apenas tengo recuerdos de él. Yo tenía entonces sólo cuatro años. No lo he visto desde entonces». Tampoco en Fuerza Nueva se supo nunca más de sus andanzas.

Fernández Cerrá y García Juliá sí fueron juzgados y condenados, cada uno, a 193 años de cárcel. El móvil del crimen del autodenominado Comando Hugo Sosa, vinculado a la Alianza Apostólica Anticomunista, se desveló como un escarmiento a los inspiradores de una huelga de transportes que se enfrentaba a los intereses del Sindicato Vertical. El secretario provincial del Transporte de Madrid, Francisco Albadalejo Corredera, fue condenado a 73 años de prisión por haber dado la orden a los asesinos. Leocadio Jiménez Caravaca ya fallecido, como el anterior fue quien suminstró las armas y cumplió una condena de cuatro años, dos meses y un día. La novia de Fernández Cerrá, Gloria Herguedas, fue condenada a un año de cárcel por complicidad.

García Juliá, que aquella noche de 1977 fue el encargado de dar el tiro de gracia con su Star a Sauquillo y Holgado, no ha dejado de mostrar su "ejemplaridad humana" desde que, el 23 de septiembre del 91, el juez Ignacio Sánchez Ybarra decretara su libertad condicional tras 14 años de tambo en Villanubla. En agosto de 1994, solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay atendiendo a una oferta de trabajo de la empresa Traflumar (Tráfico Fluvial y Marítimo).

El permiso le fue concedido por el juez José Luis Castro, pero lo revocó días después a petición de la Fiscalía. En diciembre de 1994, se solicitó formalmente su regreso a España, pero García Juliá no compareció. El 11 de mayo de 1996 era detenido por la policía boliviana bajo la acusación de tráfico de drogas. Lo delataron dos mulas (correos de los narcos) sorprendidos con 15 kilos de cocaína un día antes en un avión con destino a Zürich.La policía boliviana no pudo ver confirmada durante el juicio su sospecha de que los fondos recaudados por Juliá eran invertidos en la financiación de grupos parafascistas, Desde entonces, el ultraderechista permanece recluido en la prisión de alta seguridad de Palmasola (La Paz). El Gobierno español, a petición de Izquierda Unida, acordó solicitar su extradición tras su reunión de 20 de abril de 2001. Según el auto dictado por la Sala un año antes, tiene pendiente en España el cumplimiento de los 3.855 días de prisión que quedaron en el limbo de la culpa tras la revocación de su libertad condicional y su fuga.

Por último, Fernández Cerrá cumplió 15 años de cárcel y salió con la condicional en 1992. Jaime Sartorius, que durante el juicio actuó como abogado de la acusación y que fue quien introdujo en el PCE a cuatro de los cinco abogados asesinados, afirma haber escuchado rumores de que, tras su puesta en libertad, Cerrá había estado vinculado a una empresa de seguridad. «Imagínese, una persona así en una empresa de seguridad, me parece espantoso», dice. Ni él ni el resto de abogados implicados en la causa pueden dar cuenta de su paradero: «Nos hemos intentado olvidar de esa gentuza».

SERVICIOS SECRETOS

Como el resto de letrados de la acusación, considera que el crimen no fue aclarado del todo durante el proceso: «Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban.Con esto no quiero decir nada».

El también letrado acusador José Luis Núñez Casal recuerda que «las pruebas con respecto a la munición no fueron facilitadas por el instructor. Cómo consiguieron las armas es el hilo que no se pudo desbrozar. Por eso no se pudieron demostrar responsabilidades políticas».

Miguel Ángel Saraiba, uno de los supervivientes de la matanza, también señala que «aún nadie sabe nada de posibles responsabilidades políticas. Pero ellos no tenían capacidad logística» para preparar el crimen. «Es de suponer que los mentores de aquellas personas eran... sonaron varios nombres... Prefiero no hablar. Soy víctima de mi tiempo y tengo miedo. Un miedo controlado, pero que a veces supera la media de mi resistencia. No soy un héroe, y he recibido amenazas los que no están conformes con la trayectoria del grupo político al que pertenezco. Por eso prefiero no hablar», insiste.Veinticinco años después.