La última polémica de la legislatura en Andalucía ha llegado poco antes de que la presidenta de la Junta Susana Díaz disuelva la cámara autonómica. Ante la posibilidad de que el adelanto electoral dejara temporalmente sin fuero a tres de los cuatro diputados regionales señalados en el caso de los ERE fraudulentos, el PSOE los ha incluido como nuevos miembros de la Diputación Permanente para blindarlos.

La decisión ha salido adelante pese a la oposición de PP e IU, hasta ahora socios de Gobierno de los socialistas. Y es que en los procesos de designación de este tipo de puestos solo es posible votar a favor o en blanco, con lo que la iniciativa ha salido adelante únicamente con los votos del PSOE.

De esta manera, tanto Carmen Martínez Aguayo como Francisco Vallejo y Antonio Ávila, que en los últimos años ocuparon las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo, se incorporan al órgano que ostenta el poder legislativo mientras está cerrado el periodo de sesiones en el Parlamento. Sus integrantes mantienen por tanto la condición de aforados, con lo que la juez que instruye el caso de los ERE y que los ha señalado como posibles implicados no podría citarlos a declarar -un riesgo muy elevado con una campaña electoral en ciernes- y tendrían que esperar a un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante quien Alaya ya ha enviado una exposición razonada con los indicios que acumula en su contra. El cuarto pre-imputado, según la definición de la juez, es el exconsejero Manuel Recio, que ya formaba parte de este órgano.

La decisión del PSOE ha causado gran malestar ante el PP e IU, quien ha considerado que esta decisión convierte el ultimo pleno de la legislatura en una trampa. También han protestado los todavía socios del Ejecutivo contra el acuerdo entre PP y PSOE de renovar parte de la composición de la Cámara de Cuentas, impidiendo de paso que los nuevos partidos que con toda probabilidad irrumpirán en la escena parlamentaria andaluza después del 22 de marzo puedan incluir un miembro en este órgano fiscalizador hasta su renovación en 2017.