citamarcelino "El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión, reuniéndose; el derecho de asociación, asociándose; y todos estos atributos de la libertad, es únicamente la acción de masas la que puede acabar imponiéndolos."
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Un caballero debería avergonzarse de que sus palabras sean mejores que sus hechos. Miguel de Cervantes Saavedra.

El 26 de junio de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Arriate aprobó por unanimidad y a través de una moción presentada por IU de Arriate, crear una Comisión exclusiva para el tratamiento de determinado casos de desahucio que afecten a los vecinos del municipio. Esta Comisión estaría formada por un representante de cada grupo político, presidida por el Sr. Alcalde y asistida por el Secretario-Interventor y Tesorero municipales.

En posterior Junta de portavoces se nos argumentó que los técnicos municipales no tenían la formación suficiente en esta materia y que se derivaría a la Oficina Provincial de vivienda recién creada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía presidida por la consejera Elena Cortés (IU).

De esto ha pasado ¡¡¡¡¡ 10 MESES !!!!. Ayer por fin se firmó el convenio con esta Oficina. Llevamos desde IU de Arriate instando en cada uno de los plenos que se han celebrado desde junio de 2012 que el Ayuntamiento se ponga las pilas con el tema de los desahucios, a lo que siempre se ha respondido que la institución está al servicio de los ciudadanos, y en este caso mucho más. Pero los hechos demuestran todo lo contrario una y otra vez.

Hoy, se publicita en las redes sociales de los miembros del Equipo de Gobierno del PSOE de Arriate la firma del Convenio con la Consejera y se vuelve a evidenciar una y otra vez para que se está en la institución. En búsqueda constante de la “foto” perfecta, pero de hechos concretos y palpables nada de nada, siempre a remolque de la situación y del grupo de IU con un oportunismo y una demagogia que sobrepasa los límites del sentido común.

Termino con la frase que comencé: Un caballero debería avergonzarse de que sus palabras sean mejores que sus hechos. Y añado que “El hábito no hace al monje”.

Antonio Durán Ramírez (Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Arriate.)

 

Concejales de IU junto a la Consejera Elena Cortes.Concejales de IU junto a la Consejera Elena Cortes.Los alcaldes de una decena de ayuntamientos de la comarca han dado hoy su apoyo al Programa en Defensa de la Vivienda del departamento que dirige la consejera Elena Cortés, iniciativa que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.

Los municipios de la Serranía que han apoyado este programa son Benadalid, Gaucín, Benarrabá, Benaoján, Algatocín, Parauta, Montejaque, Benalauría, Igualeja y Jimera de Líbar. Con este nuevo impulso son ya 49 los ayuntamientos de la provincia que han querido formar parte de este “bloque institucional andaluz para la defensa de las víctimas de la crisis frente a las entidades financieras”, ha apuntado la consejera.

Tras la entrada en vigor esta semana del decreto-ley de la Función Social de la Vivienda, Elena Cortés ha subrayado que “ahora las oficinas tienen una herramienta más que poner encima de la mesa para defender los intereses de los ciudadanos” porque “supone un giro radical en la forma de encarar la vivienda: de ser mercancía a considerarlo derecho, al tiempo que da una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social”.

“Nuestra obligación es defender el interés general y el decreto-ley se ubica justo en el lugar que le corresponde, al lado de las víctimas”, ha insistido Cortés, para quien la Consejería está cumpliendo con su compromiso de “exprimir todas las competencias a nuestro alcance” para activar medidas en defensa de las familias. “En junio paralizamos los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta, en julio participamos en el Plan de Choque por el Empleo para generar actividad en el sector de la construcción mediante la rehabilitación de viviendas en municipios aquejados por un elevado paro, en octubre pusimos en marcha el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y ahora, a todo ello, se suma el decreto-ley”, ha repasado la consejera, que ha asegurado que desde el departamento que dirige “seguiremos estando al lado de los ciudadanos”.

Detalles del convenio

El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las delegaciones territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a quince días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

 

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